El gobernador bonaerense oficializó el final del convenio que permitía a Nación intervenir en el cálculo y distribución de las compensaciones tarifarias del AMBA. La medida se formalizó mediante el Decreto 875/2026.
El Gobierno de Axel Kicillof dio por terminado de manera definitiva el convenio que durante más de siete años vinculó a la provincia de Buenos Aires con el Estado nacional para la administración de las compensaciones tarifarias del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y establece el cierre administrativo del esquema que había sido implementado en 2018.
A partir de este nuevo escenario, la Provincia consolida un mecanismo propio para administrar los subsidios correspondientes a las líneas de transporte que se encuentran bajo jurisdicción bonaerense, tanto provinciales como municipales.
Cómo funcionaba el convenio entre Nación y Provincia
El acuerdo original había sido firmado en diciembre de 2018, en el marco de los cambios derivados del Consenso Fiscal alcanzado entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Bajo ese esquema, el entonces Ministerio de Transporte nacional tenía a su cargo el cálculo mensual de las compensaciones tarifarias correspondientes a las empresas de transporte.
La Provincia, en tanto, se encargaba posteriormente de distribuir esos recursos entre las compañías que prestaban servicios dentro del territorio bonaerense.
El convenio permaneció vigente durante más de siete años y tuvo diez prórrogas mediante distintas adendas. La última extensión estableció como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2025.
El nuevo régimen de subsidios de Kicillof
La modificación comenzó a tomar forma con la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El nuevo esquema fue establecido mediante el Decreto 3231/25 y permitió a la administración bonaerense avanzar con un mecanismo propio para reemplazar la asistencia técnica que anteriormente recibía del Gobierno nacional.
Según los fundamentos de la nueva normativa, la implementación de este sistema hizo innecesaria la continuidad del convenio firmado siete años antes.
De esta manera, la Provincia comenzó a asumir un papel central en la determinación y distribución de las compensaciones correspondientes a los servicios de transporte bajo su jurisdicción.
Qué establece el cierre definitivo del convenio
El cierre quedó respaldado por un Acta de Cierre firmada el 7 de marzo de 2026.
Con ese documento, ambas administraciones dejaron asentado que habían cumplido las obligaciones previstas en el convenio y dieron por terminada la cooperación institucional que existía para diferentes tareas vinculadas con el transporte.
Entre ellas se encontraban el cálculo, liquidación y distribución de compensaciones tarifarias, además de cuestiones relacionadas con el régimen de Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones vinculadas al gasoil diferencial.
El nuevo decreto bonaerense formaliza ahora el cierre definitivo de aquel esquema.
El transporte, otro punto de conflicto entre Kicillof y Milei
La decisión se conoce en un contexto de fuertes diferencias políticas y económicas entre la administración bonaerense y el Gobierno de Javier Milei.
Desde el inicio de la actual gestión nacional, Kicillof cuestionó los recortes y la reducción de transferencias hacia las provincias, particularmente en áreas como el transporte, la infraestructura y la obra pública.
El financiamiento del sistema de colectivos del AMBA se convirtió en uno de los puntos más sensibles de esa disputa.
En este escenario, la decisión de avanzar con un régimen provincial representa mucho más que el cierre formal de un convenio que ya había dejado de tener operatividad plena.
La Provincia busca administrar sus propios subsidios
El decreto consolida el proceso mediante el cual Buenos Aires pasó a contar con herramientas propias para gestionar las compensaciones tarifarias correspondientes a las empresas que prestan servicios bajo jurisdicción provincial o municipal.
La medida reduce la participación técnica que históricamente tenía el Estado nacional en el funcionamiento de ese esquema.
Para la administración bonaerense, el nuevo sistema permite continuar con la asistencia al transporte a partir de un mecanismo diseñado y administrado desde la propia Provincia.
El cambio adquiere especial relevancia debido al peso que tiene el transporte público en la movilidad diaria de millones de personas que se desplazan entre los municipios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos
El cierre definitivo del convenio se suma a una serie de decisiones mediante las cuales el Gobierno de Kicillof intenta sostener políticas públicas con recursos y mecanismos provinciales ante la reducción de la participación nacional.
Si bien desde el punto de vista formal se trata de la conclusión de un acuerdo que había perdido vigencia operativa con la puesta en marcha del nuevo régimen, el movimiento también tiene una lectura política.
La Provincia reafirma así su intención de gestionar de manera autónoma las compensaciones del transporte bonaerense, en momentos en que continúa el enfrentamiento con la Casa Rosada por el reparto de recursos y el financiamiento de servicios públicos.
Con la entrada en vigencia del Decreto 875/2026, queda formalmente cerrado un esquema de cooperación que comenzó en 2018 y que durante más de siete años vinculó a Nación y Provincia en la administración de los subsidios al transporte del AMBA.
