ATE Ensenada desmintió acusaciones y llamó a la unidad frente a los ataques al Astillero

La Comisión Administrativa de ATE Ensenada emitió un comunicado en el que desmintió de manera categórica los rumores difundidos en algunos medios sobre presuntos actos de corrupción y beneficios indebidos para los dirigentes Diego Seimandi y Lorena Benaglia.

Desde el gremio señalaron que se trata de “acusaciones falsas y malintencionadas” y destacaron que ambos dirigentes demostraron públicamente la falsedad de esas versiones durante la Asamblea General realizada el 10 de noviembre, ante la presencia de los trabajadores del Astillero Río Santiago.

“Estamos a disposición de quien lo desee para demostrar que todo fue mentira y, en definitiva, una jugada política y falaz en contra de nuestro gremio”, expresaron desde ATE Ensenada.

La organización sindical sostuvo que este tipo de operaciones buscan “generar confusión, desunión y desviar el foco de los verdaderos objetivos del Astillero”, que son “asegurar el futuro productivo y la estabilidad laboral a través de la concreción de proyectos estratégicos, como la finalización del Dique Flotante”.

Según remarcaron, la culminación de esa obra —lograda por los propios trabajadores con apoyo del gobierno provincial— permitirá reparar embarcaciones de hasta 90 metros de eslora, fortaleciendo la capacidad productiva del Astillero.

Desde ATE Ensenada insistieron en que “para alcanzar esas metas, que implican mayor soberanía y trabajo genuino, se necesita un Astillero fuerte y unido”.

En el comunicado, el gremio también se refirió al contexto nacional, afirmando que los trabajadores “están siendo atacados por el gobierno de Javier Milei, que impulsa políticas de privatización, reforma previsional y laboral”.

Frente a esta situación, la conducción sindical anunció que propondrá la construcción de un nuevo plenario regional con participación de actores sociales, políticos y gremiales, y que continuará impulsando movilizaciones en defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y por la aprobación del presupuesto provincial, con el objetivo de garantizar el pago de salarios y aguinaldos.

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